El proyecto aprobado en general por la Sala de la Cámara tiene como objetivo consagrar el deber estatal de promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones mediante la creación de un estatuto de protección. La iniciativa busca prevenir hechos de violencia en contra de periodistas y trabajadores de las comunicaciones debido a su labor comunicacional, proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad, y promover medidas de investigación, sanción y reparación, entre otros objetivos.

El proyecto define a periodistas como aquellos que han obtenido un título universitario y a personas trabajadoras de las comunicaciones como aquellas cuya actividad principal es recopilar, tratar y difundir información al público, ya sea en línea o fuera de línea. El texto contempla diferentes formas de agresiones, como desapariciones forzadas, homicidios, violencia física, intimidación, detenciones ilegales, entre otras, y establece que, en caso de ser delitos, la investigación estará a cargo del Ministerio Público.

También establece obligaciones para el Estado, como prevenir la violencia contra periodistas y comunicadores, proteger a las familias de trabajadores en riesgo, y resguardar a comunicadores que investigan el crimen organizado u otros temas de interés público. Se promueve la protección de trabajadores/as de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y género. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deberá registrar los hechos denunciados por periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones y alertar a las instituciones correspondientes cuando haya indicios de agresiones.

El proyecto se basa en una ley modelo de la UNESCO que recoge estándares internacionales de protección para periodistas y comunicadores, y en su discusión participaron diversas organizaciones, sindicatos, academia y representantes de medios de comunicación. Aunque la mayoría valoró la protección estatal a periodistas y comunicadores como un fundamento de la libertad de expresión en democracia, algunos diputados de oposición expresaron su desacuerdo con una categoría especial de protección, argumentando que podría alejarse del derecho a emitir opiniones y establecer discriminación respecto a otros ciudadanos.

El Ejecutivo patrocinará el proyecto, considerándolo fundamental para profundizar la democracia y destacando su implementación de instrumentos internacionales relevantes en la normativa de protección. El proyecto será objeto de indicaciones y se someterá a un nuevo informe en la Comisión de Cultura antes de su aprobación final.