La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la Ley de Usurpaciones, la cual considera la toma de terrenos como un delito de ejecución permanente y permite lo que se conoce como la "legítima defensa privilegiada", lo que ha causado críticas desde diversos sectores.

Desde el oficialismo, no dudan en llamar al gobierno a vetar el proyecto o llevarlo al Tribunal Constitucional, ya que consideran que tal como está redactado, permite que una persona recupere un terreno tomado sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su usurpación y utilizando prácticamente cualquier medio para hacerlo.

El diputado independiente PPD, Jaime Araya, utilizó palabras como "desastrozo" y "una locura" para referirse a las condiciones en que quedó el proyecto. Por su parte, la oposición defiende que esta ley no fomenta la "autotutela", es decir, una legislación que facilite que los civiles resuelvan sus diferencias sin necesidad de recurrir a la policía.

El secretario general de RN y diputado de la comisión, Diego Schalper, aseguró que siempre las fuerzas de seguridad serán las primeras en intervenir. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, explicó que se aprobó una indicación para excluir de los efectos de esta ley a las personas que se encuentran en el catastro de campamentos del año 2022. Sin embargo, considera que esto es insuficiente, ya que según TECHO, las cifras se han actualizado.

La Ley de Usurpaciones será enviada a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y se espera que se forme una Comisión Mixta. Además, la Comisión de Seguridad decidió convocar a una sesión especial para comenzar con el proceso de tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.