El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentó sus descargos ante la acusación constitucional que se tramita en la Cámara de Diputadas y Diputados. En su defensa, el secretario de Estado argumentó que la acusación no cumple con los requisitos constitucionales para ser acogida y que las infracciones señaladas están fuera de su competencia.

El ministro Ávila hizo hincapié en que la acusación constitucional es un mecanismo excepcional y de último recurso, y que existen otras herramientas para fiscalizar su actuar como ministro, como la solicitud de oficios, la conformación de comisiones investigadoras o la interpelación. Además, su abogado afirmó que ninguna de estas acciones ha sido interpuesta en su contra y que no ha cometido hechos graves de infracción o violación a la ley o a la Constitución.

En relación a los hechos imputados por la acusación, la defensa argumentó que están fuera del ámbito de competencia del ministro, como el ejercicio de organismos descentralizados. También se refirió a las presuntas infracciones en la implementación de programas de educación sexual, señalando que la elección del establecimiento y la educación informal en el hogar son responsabilidad de los padres, y que las jornadas de educación no sexista y las guías para la comunidad LGBTQA+ son voluntarias.

En cuanto a la exclusión de estudiantes con discapacidad de la "Política de Educación Inclusiva", el ministro señaló que existen actividades, acciones y leyes que buscan incorporar los temas de discapacidad en la agenda del Ministerio.

En relación al ausentismo y deserción escolar, se argumentó que se ha destinado un porcentaje significativo del presupuesto a la reactivación educativa tras la pandemia, y se recordó la convocatoria a un consejo de expertos y la creación de un programa nacional de tutorías.

La comisión ad hoc analizará la defensa presentada y tiene plazo hasta el martes para pronunciarse sobre el mérito de la acusación. La votación de la acusación está programada para el próximo miércoles 12 de julio.