​La permanencia de 23 de los 28 imputados en el caso Brinks en la Cárcel de Rancagua es motivo de alerta para Gendarmería, que advirtió sobre el "alto riesgo" de que estos investigados, quienes presuntamente conforman una asociación criminal, pudieran tomar control de los módulos de reclusión. La advertencia fue emitida luego de que la Fiscalía Regional solicitara al Juzgado de Garantía de Rancagua el traslado de los detenidos a otros recintos penitenciarios del país, petición que fue rechazada por el tribunal local.

Ante esto, Carlos Fuentes, fiscal jefe regional de Análisis Criminal, expresó su preocupación por el riesgo que implica la presencia de los imputados en el penal. "El riesgo es bastante alto. Gendarmería está tratando de resguardar no solo a los internos de la causa, sino que también al resto de los reclusos y la seguridad del recinto", afirmó. Según el persecutor, la naturaleza de la organización criminal podría derivar en una toma de control de los módulos, generando un estado de "paz interna" en el penal que facilitaría el tráfico de sustancias y el riesgo de corrupción de funcionarios.

Por otro lado, María Paz Aguilera, abogada defensora de cinco de los imputados, argumentó que el arraigo familiar de sus representados justifica su permanencia en Rancagua. "Nuestros representados tienen sus redes familiares en esta región, y el régimen penitenciario establece la importancia de que estén cerca de sus familias", destacó Aguilera, quien también mencionó el impacto que el traslado tendría en los hijos de los detenidos.

Asimismo, la defensa cuestionó además la falta de fundamentación en la solicitud de la Fiscalía, señalando que el tribunal consideró insuficiente la evidencia presentada para autorizar el traslado. En este contexto, se ha solicitado una audiencia para debatir la competencia del tribunal de Rancagua en este caso, la cual se realizará el próximo 28 de noviembre.

La Fiscalía, en tanto, sostiene que el robo a la empresa Brinks, del cual se han recuperado solo 200 millones de los cerca de 12 mil millones de pesos sustraídos, fue planificado desde el interior de la Cárcel de Rancagua. Entre los imputados se encuentran también cinco carabineros, quienes actualmente cumplen prisión preventiva en un anexo en la Subcomisaría Pudahuel Norte, en la Región Metropolitana.